Jaque a la democracia

Tras masacrar nuestra Salud y Educación,  tras obligar al cierre de plantas enteras de hospitales, tras obligar a nuestros mayores a (re)pagar por sus medicamentos... el PP ha dado hoy la mayor estocada a nuestro Estado del Bienestar y a los españoles en general. Con unas medidas que no voy a desgranar, pues todos las tenemos de sobras conocidas después de este día (subida del IVA e impuestos varios, eliminación de la deducción por vivienda, supresión de la paga extra de los funcionarios y reducción de los moscosos, recorte de las pensiones, un tajo de 600 millones en el presupuesto de los ministerios, un 20% menos de subvenciones a sindicatos y partidos políticos, desaparición de un 30% de los concejales...), el gobierno de Rajoy adelanta por la derecha los recortes llevados a cabo por el ejecutivo de Zapatero en mayo de 2010 y los deja bien atrás.
Tras meses de campaña, precampaña y "prepre- campaña" con el PP augurando que, tan solo con su llegada al poder, provocarían una ola de confianza que calmaría automáticamente a los mercados, hoy vemos como la prima de riesgo sigue desbocada (superando con creces el valor de los 500 puntos que antes se tenía por límite para evitar la hecatombe, llegando al máximo histórico de los 575 y sobrepasando con creces los 311 del último día de gobierno de Zapatero) y la bolsa 1.650 puntos por debajo del valor que tenía cuando Rajoy tomó las riendas del país; estos artificiales y virtuales valores han servido de excusa a este desgobierno, por enésima vez, para sacar la tijera a pasear de nuevo llevando a cabo los mayor recortes realizados en nuestra corta democracia. Pero esta vez no sólo no se ha limitado a seguir arremetiendo contra los pilares del Estado de Bienestar (pensiones y dependencia, pues sanidad y educación están ya de sobras esquilmadas... por el momento), o a subir un impuesto tan injusto como el IVA (que pagará del mismo modo alguien que cobre 1.000€ al mes, que alguien que cobre 100.000), sino que esta vez se han lanzado a la yugular de la misma democracia sirviéndose, como es natural en los "populares", de su extremo-populismo y del desapego que muchos ciudadanos sienten hacia los políticos y hacia los funcionarios. Además de reducir el número de liberados sindicales, de eliminar parte de los moscosos y de suprimir la paga extra de Navidad de los trabajadores públicos, el PP apunta directamente al mismo corazón de la democracia, a los legítimos representantes del pueblo español, mandando cortar la cabeza de un 30% de los concejales de todo el Estado.

Podrá haber muchos ciudadanos que, cegados por años y años de calumnias de la derecha vertidas sobre los funcionarios y del populismo barato de personajes como la "transversa" Rosa Díez o la neoliberal Esperanza Aguirre, vean adecuadas estas medidas: nada más lejos de la realidad. Acostumbrados a ver la figura del funcionario como el trabajador de oficina que, sin dar un palo al agua, tomándose tantos días libres como quiera, no pudiendo ser despedido (teniendo unas oposiciones, pues no sólo basta con ser funcionario) y disfrutando de un salario, en bastantes ocasiones, por encima de la media, las españolas y los españoles de derechas y (tristemente muchos de los de) izquierdas olvidan que los funcionarios no son tan solo aquellos que trabajan en oficinas (que, de todos modos, realizan su trabajo del mismo modo que el resto de funcionarios y de trabajadores del sector privado, mereciendo el mismo reconocimiento que aquellos), si no que también lo son militares y policías, médicos y enfermeros, profesores y bomberos... y, como digo, muchos aplaudirán esa reducción de los derechos de los trabajadores públicos olvidando que, la igualdad que ellos persiguen entre trabajadores del sector público y del privado, no se puede conseguir tan sólo con el empeoramiento de las circunstancias laborales de los primeros, si no que deberían de luchar porque esa igualdad, el que funcionarios y trabajadores privados trabajen en las mismas condiciones, llegara por medio de la mejora de las circunstancias laborales del resto; es decir, para que llegue esa igualdad no se debería de querer que empeorara el nivel adquisitivo o los beneficios de unos pocos, si no que mejoraran los de otros muchos. Esos deberían de ser siempre los objetivos de un trabajador, que ningún otro trabajador vea menguada la calidad de su trabajo, y que las condiciones laborales de todos los trabajadores vayan a mejor.
Del mismo modo, el PP se ha valido del cada vez mayor rechazo que la mal llamada clase política levanta entre la ciudadanía, para recortar de una vez por todas la democracia, la voz del pueblo y su representatividad. Con la eliminación de un 30% de los concejales actuales, de nuevo se verán perjudicados los partidos políticos minoritarios que verán aumentar las dificultades para mantener su representación en los diferentes ayuntamientos (de ahí que resulte tan incompresible que los de Rosa Diéz aplaudan con tanto ahínco esta medida, igual que hicieron ya en la Comunidad de Madrid), favoreciendo el (de nuevo) mal llamado bipartidismo; la diversidad parlamentaria se verá bruscamente diezmada y, lo que es más importante que nada, la voz y voluntad de los ciudadanos, plasmada en las urnas, se verá acallada, nada más y nada menos, que en un 30% de su capacidad. 
Tanto la derecha como la izquierda populistas suelen recurrir a la relación existente entre el número de médicos o profesores y el número de políticos entre países como Alemania o Francia y España, mostrando una clara desproporción, a favor del número de políticos, en nuestro país pero, al igual que en el caso de los funcionarios, nos olvidamos que, para igualar esa proporción con la de los países referentes no sólo se puede hacer por medio del recorte del número de políticos (y, como digo, de la representación y la diversidad ideológica del pueblo español), si no por el aumento del número de trabajadores públicos lo que, además ayudaría para mejorar la calidad de nuestra Sanidad y Educación, reduciendo los niveles de paro y, por ende, aumentando el consumo y mejorando, al fin y al cabo, nuestra economía. No se puede entender que, partidos políticos y personas que luchan por una reforma de la ley electoral que la haga completamente representativa y que favorezca la presencia de los partidos minoritarios, aplaudan esta reducción del número de representantes políticos.
La situación a la que el Partido Popular nos lleva poco a poco, día tras día ycuya marcha a dado un paso de gigante hoy, es insostenible. Nadie puede pensar ya, como se pensaba el 20 de noviembre, que, cuanto menos, el PP gobernaría durante los próximos 8 años, es incluso difícil de creer que sean capaces de acabar esta legislatura. Las diferentes mareas que están llenando de color la geografía española (marea verde, negra, amarilla, naranja...), están acabando de despertar a la todavía adormecida ciudadanía; en los centros educativos, cientos de miles, e incluso millones de profesores, padres, madres y alumnos llevan a cabo semana tras semana (hasta el paro por vacaciones pero, indudablemente, se reanudarán en septiembre) manifestaciones contrarias a los recortes, e incluso encierros en institutos y facultades, las asociaciones de médicos se muestran objetoras ante medidas tan terribles como la desatención a inmigrantes, las enfermeras y los enfermeros salen a la calle a luchar por sus derechos, los mineros recorren España para protestar ante las puertas del gobierno... la ciudadanía al completo se levanta un poco más cada día con este injusto gobierno y sus desproporcionadas e inhumanas medidas. 
No hace falta ser un extremista para pensar y decir en voz alta que, lo único que puede salvar a este país, no son ni mucho menos la clase de medidas que se están tomando desde Moncloa, si no una revolución prodemocrática y (por supuesto) no violenta que termine de mostrar al gobierno que ni ellos ni ningún otro gobierno fueron o serán elegidos para contentar a los mercados, a Merkel y a la economía, que no fueron escogidos para mantener la prima cuanto más baja y la bolsa cuanto más alta posible, si no que lo que este y todos los países y ciudadanos quieren es un gobierno del pueblo, elegido por el pueblo y que trabaje para el pueblo. Es hora de que la ciudadanía, de que las españolas y los españoles se levanten de una vez por todas y le digan al gobierno que, o gobiernan para las personas y no para la economía, o se preocupan más por si llegan alimentos y recursos básicos suficientes a todos los hogares y menos del PIB y la inflación, o atienden a los millones de voces de los españoles que están sufriendo realmente esta crisis y dejan de arrodillarse ante cualquier voz venida desde Bruselas, desde Berlín, desde el FMI y desde el BM, o no tienen ninguna autoridad para creerse el legítimo gobierno y representante del pueblo español. Este pueblo tiene que acabar de levantarse y demostrar como, la misma mano que hoy se ve obligada a pedir limosna de rodillas, es capaz de cerrarse alrededor del cuello de un gobierno opresor y brutal. Si este gobierno no esta dispuesto a luchar por el bien de las españolas y los españoles, éstos deben de expulsar de sus poltronas a los miembros de este gobierno y escoger a uno nuevo que realmente le represente. Este gobierno y su modelo extremo-capitalista y neoliberal fracasaron el día en el que este país fue rescatado e intervenido sin que los tremendos recortes llevados a cabo en el Bienestar y los derechos de los españoles sirvieran de nada, es hora de dejar paso a un nuevo modelo, es hora de seguir el camino que lleva a París.

Fatídico aniversario

Hace hoy un año, 23 millones de españoles estaban llamados a las urnas para renovar o depositar su confianza en otros líderes políticos municipales por medio de su voto, 13 de los cuales también lo estarían para elegir el destino de su comunidad autónoma por los siguientes 4 años, en lo que se convertiría en el mayor bofetón del pueblo hacia los socialistas vivido hasta el momento; bofetón que iría preparando al PSOE para la profunda debacle vivida 6 meses después en las elecciones generales que dejaría la derrota autonómica y municipal en una chiquillada.
Hace un año, un Zapatero profundamente desgastado por los 3 años de crisis económica, pilotaba en minoría una España que se decía al borde de la quiebra (igual que hoy, con la diferencia de que ahora, con los salvapatrias en el gobierno, se habla abiertamente de un rescate financiero a España) con la oposición más desleal y rastrera de la que este país había gozado nunca; habiéndose visto obligado (o no, depende de a quién se pregunte) a abandonar el camino socialdemócrata seguido desde la victoria de 2004 y a postrarse ante las exigencias neoliberales del hoy ya inexistente (por suerte para toda Europa) dúo Merkozy y con un PP que día sí y día también hablaba sobre una España intervenida, sobre un rescate inminente y sobre lo mucho que los socialistas estaban maquillando las cuentas, el PSOE trataba de mantener la compostura ante unos comicios que no se le presentaban nada fáciles; finalmente, la realidad supero con creces a lo que cualquiera, socialista o no, podía haber imaginado. El PSOE perdía absolutamente todas las comunidades autónomas en las que gobernaba y se mantenía en las alcaldías de un puñado de municipios (perdiendo Sevilla y Barcelona, Zaragoza se convertía en la mayor ciudad gobernada por la izquierda), los socialistas veían, la noche del 22 de mayo de 2011 como, la mejor noticia que podían recibir, era que los populares no consiguieran la mayoría absoluta en alguna comunidad. Dos de los tres bastiones del socialismo español, Castilla la Mancha y Extremadura, caían después de 30 años, en las manos de la derecha, aunque cada una por causas bien distintas (la primera por una ajustadísima mayoría de la derecha y la segunda por un pacto anti-natura entre los populares e IU sin el cual la izquierda podría seguir gobernando la comunidad), y el tercero, Andalucía, se iba preparando para una llegada arrolladora de Arenas al Palacio de San Telmo 10 meses después. El PP revalidaba su apoyo masivo en sus bastiones (Madrid, Valencia, Murcia, Castilla y León, La Rioja), y además sumaba otros tantos territorios de previo signo socialista, como Cantabria, Baleares y Aragón. En Asturias, un indignado Cascos que acababa de fundar su propio partido por la negativa del PP a que éste encabezara su lista, no conseguía la mayoría absoluta, pero junto con el PP, la derecha gozaba de un amplio sector conservador en el parlamento autonómico. El PSOE tendría que contentarse con formar parte, como socio menor, de los gobiernos de Canarias (con CC) y Navarra (con UPN) que habían roto hacía poco sus relaciones con los populares.
Se pintaba así un panorama completamente azul en la geografía española que, con un 15M recién formado de fondo, trataba de sacar los colores a unos desacreditados socialistas y que se había formado, más que por la popularidad de los conservadores, por el voto de castigo al PSOE.
Un año después, las españolas y los españoles podemos analizar a quien ha perjudicado realmente ese voto de castigo.
Tras unos primeros meses en los que los nuevos líderes autonómicos populares se mantenían sospechosamente moderados (o en su línea, como Esperanza Aguirre), con la nueva victoria, de nuevo por castigo hacia los socialistas, del 20N en las elecciones generales y una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, el PP sacó su artillería pesada dirigida a destruir (reordenar, según ellos) nuestro Estado del Bienestar. Las tan intocables Sanidad y Educación para los populares (y que durante el gobierno Zapatero se sabían por el pueblo terreno vedado para los recortes) se han vuelto desde entonces foco de la ira extremo-neoliberal del Partido Popular, poco se ha tardado en escuchar hablar tranquilamente de la privatización de la Educación y el copago en la Sanidad, de la entrada de las empresas en los hospitales y de la eliminación de cuantiosos profesores en las aulas. El falsamente pintado como moderado Rajoy desde Moncloa y su legión de presidentes autonómicos se han lanzado en tromba a recortar más allá de lo imaginable los pilares del bienestar de 47 millones de personas.
Frente a cada viernes de anuncio de nuevos recortes en derechos y libertades a los españoles por parte del nuevo gobierno desde su constitución, la ciudadanía a contrapuesto una serie numerosísima de manifestaciones, concentraciones y huelgas casi semanales nunca antes vistas (al igual que los recortes). Una muestra de lo fatídico de esas victorias populares es como las españolas y los españoles "celebran" este fatídico aniversario, con una enorme huelga general en la Educación, de profesores y alumnos, desde preescolar hasta la Universidad, que nunca se había dado en este país. Y es que hoy en día, los ciudadanos españoles saben que ya nada es intocable ni imposible para este gobierno, que la Educación y la Sanidad no están a salvo, como sí lo estaban con los socialistas, y que hoy ya no se trata de si se mantiene o elimina el Ministerio de Igualdad, o de si se congelan o no las pensiones más altas, si no de si a su salida, este gobierno habrá dejado algo en pie de la cosa pública.
Pero una esperanza se ha venido abriendo paso desde hace dos meses. El 25 de marzo los andaluces dieron la sorpresa a todo el mundo, dando por enésima vez la espalda a la derecha y a Arenas y permitiendo a PSOE e IU formar un gobierno de izquierdas que se erige hoy como referente de la izquierda, española y europea; también los asturianos, hastiados por un año de desgobierno de la derecha, devolvieron su confianza a la izquierda que (dos meses después) cobrará forma con un gobierno de los socialista en posible coalición con IU. Y un tercer frente se abre para los populares, esta vez desde el occidente peninsular, con una más que posible presentación de una moción de censura por parte de los socialistas extremeños al ejecutivo de Mónago, lo que, sumado a los nuevos lazos estrechados entre el PSOE y la federación andaluces y asturianos, podría abrir definitivamente la puerta para un lógico gobierno de la mayoritaria izquierda en ese territorio.
Un año después, la derecha ha tocado techo y la izquierda ha tocado fondo, los populares comienzan a sufrir un acusado desgaste y los socialistas comienzan a levantar cabeza poniéndose ya por montera la recuperación de Galicia el próximo año (si no antes).
Un año después, el voto de castigo a los socialistas se desvela (de nuevo) realmente como un voto de castigo a los ciudadanos y al Estado; ese "no" a los socialistas que se convirtió en un "si" de rebote para los conservadores se ha mostrado como el peor error que los españoles pudieron haber cometido aquel 22M: dar alas a una derecha ansiosa por recortar y por obedecer las órdenes germanas en detrimento de unos socialistas que, con la llegada, medio año después del 20N, del socialismo francés al Eliseo, hubieran cobrado la fuerza necesaria para llevar a cabo las políticas keynesianas con las que hoy sólo podemos soñar en medio de este mar de recortes.

Un año después de ese fatídico aniversario, los españoles vemos como nuestro propio gobierno nos apunta como objetivo a recortar y reprimir, vemos como debemos de luchar día tras día para impedir (inútilmente, pues el PP absoluto continuará haciendo lo que quiera mientras dure su gobierno) que el gobierno acabe con algo que tantas décadas de esfuerzo del pueblo costó conseguir, vemos como el gobierno obvia al resto de partidos políticos y, por ende, a los 25 millones de españoles que no les votaron.
Un año después de ese fatídico aniversario, los españoles comienzan a darse cuenta de que no son lo mismo y de que, un país de izquierdas como éste, no puede permitir que una derecha déspota y reaccionaria nos gobierne.
En las urnas está nuestro megáfono, y en el voto nuestra voz. El pueblo español no puede permitir que un gobierno que se ha mostrado enemigo de sus propios ciudadanos siga campando a sus anchas.