Sinceramente,
no estoy de acuerdo con esa clasificación; atendiendo a la definición que de
laboratorio hace la RAE ("Realidad en la cual se experimenta o elabora
algo") no encuentro ese paralelismo. Y no porque crea que un gobierno
popular no llevaría a cabo esas acciones, si no porque no veo donde está la
experimentación o la novedad. ¿A caso es nuevo que la derecha trate de atacar a
lo público, recortándolo u oprimiéndolo? No hay nada de experimental en lo que
el PP está haciendo allí donde gobierna, simplemente está poniendo en práctica
su ideología y dándonos la razón a todos los que avisamos de que esto
ocurriría.
Desde las
victorias autonómicas y municipales de la derecha (iniciada el 28 de noviembre de
2010 cuando CiU llegó a la presidencia de la Generalitat) los conservadores se
han puesto manos a la obra en su tarea de recortar lo que para ellos resulta superfluo
o, cuanto menos, reducible y recortable: la cosa pública. Incluso podría
parecer que, igual que un universitario al acabar su carrera, las y los
presidentes se han ido especializando: Artur Mas en Cataluña con la Sanidad,
Esperanza Aguirre en Madrid con la Educación, María Dolores de Cospedal en
Castilla la Mancha con las farmacias... repartiéndose en fascículos los
recortes que conformaran el programa de Rajoy.
Puesto que
mi compañero de blog, Julio Membrado, ya ha abordado el tema de la educación (http://enfavordelosderechossociales.blogspot.com/2011/10/nuestra-opinion-31-oct.html) y en el de la sanidad
son muchos los aspirantes a ganar el oro en recortes habiendo mucho que decir,
me centraré en el objetivo favorito de la secretaria general popular: las
farmacias.
Ante la
situación de las boticas castellano manchegas, la presidenta de la Federación
de Empresarios Farmacéuticos de Castilla La Mancha (FEFCAM), María Dolores
Espinosa, afirmaba el pasado viernes: "Estamos como al principio".
¿Qué principio? Hay que retrotraerse a junio del presente año para encontrarlo.
Si, sorprendentemente el inicio de la crisis farmacéutica en la Comunidad
manchega, se inició con la toma de posesión como presidenta de De Cospedal.
Durante los casi 30 años de gobiernos socialistas en la Comunidad los pagos a
las farmacias se retrasaron nada más y nada menos que dos veces, pagando
puntualmente desde diez años atrás hasta dos días antes de las elecciones
autonómicas, es decir, estos pagos no se vieron afectados por la crisis
económica bajo los gobiernos del Partido Socialista. En los algo más de cinco
meses de gobierno del Partido Popular los pagos se han visto retrasados... 5
veces. Realmente, para no ser injustos, podríamos decir que el PP sólo se ha
retrasado una vez, iniciando este retraso en junio y arrastrándolo hasta el día
de hoy, ya que los farmacéuticos no han visto ni un euro del erario público
desde el cambio de gobierno.
El gobierno
manchego tiene una deuda con los farmacéuticos que asciende a los 250 millones
de euros, alrededor de 50 millones por mes, estos últimos se han visto
obligados a pedir créditos hipotecando sus recursos privados y endeudándose
para garantizar un recurso público como son las medicinas. Así pues, si en este
momento los ciudadanos de CLM pueden comprar medicamentos es porque los propios
boticarios los pagan; esta situación insostenible está tocando a su fin, los
estantes de las farmacias se van vaciando y los farmacéuticos van viendo como
sus recursos para conseguir medicinas se agotan esperando a que la patronal
farmacéutica regional y el gobierno autonómico lleguen a un acuerdo al que a De
Cospedal le sale más rentable no llegar.
Por si fuera
poco, los boticarios que se manifestaron mediante una huelga el pasado mes de
agosto han visto como se les denunciaba desde la Junta aunque, hay que
reconocer, que estas multas todavía no se han hecho efectivas.
Pero no sólo
en Castilla la Mancha se ha cerrado el grifo a ese "prescindible"
gasto que son los medicamentos, también en la Comunidad Valenciana (donde
además el pasado mes de octubre se cerraron 262 camas en hospitales, por
supuesto, públicos) el nuevo presidente Alberto Fabra debe las facturas desde
el mes de junio. Las farmacias valencianas adeudan ya 450 millones de euros,
habiéndose tenido que endeudar personalmente también, con una deuda media de
60.000 euros cada farmacéutico; no contento con este retraso, el moderado (¿?)
Fabra afirma que los boticarios seguirán sin recibir los cobros atrasados hasta
enero de 2012, cuando ya se arrastrará una deuda cercana a los 1000 millones, sólo entonces recibirán
el coste ¡de la primera deuda!. La diferencia entre De Cospedal y Fabra es que
el último ya anuncia que no cobrarán hasta 7 meses después del primer retraso y
De Cospedal prefiere no desvelarlo para dar la sensación de que puede ser en
cualquier momento, siendo éste momento posiblemente aun más lejano que el
valenciano.
También José
Ramón Bauzá (presidente popular de las Islas Baleares por mayoría absoluta) se
ha retrasado en el pago de octubre y Pedro Sanz (lo mismo que el anterior, pero
en La Rioja) decidió en agosto retrasar un mes el pago de las facturas de las
180 farmacias de la Comunidad lo cual ha provocado pérdidas de siete meses.
Pero la
palma se la lleva Ramón Luis Valcárcel, regidor de la Región de Murcia. Allí,
poco antes de los comicios autonómicos, el señor Valcárcel se dio cuenta de que
los medicamentos son un bien del que no se podían prescindir y, de manera
generosa, se decidió a poner fin a cinco meses de retrasos en los pagos a los
farmacéuticos ¿cómo? por medio de un crédito sindicado con cinco bancos avalado
por los mismos farmacéuticos con sus bienes, así, si no pagan ya, los
boticarios perderán todas sus propiedades.
Pero es con
el señor Francisco Javier León de la Riva, alcalde conservador de Valladolid,
con quien quiero acabar este artículo y quien da título al mismo. Ha sido de
este alcalde del PP de quien ha surgido la idea del copago en las farmacias;
esta idea es simple, pudiendo llegar a parecer suculenta presentada por los
populares: todo español, del más rico al más pobre, del más mayor al más joven
utilizan este servicio público que les provee de curas para sus enfermedades o
de soluciones para sus problemas de salud pero (siempre desde el prisma
popular) hay algunos sectores que lo utilizan más o que incluso llega abusar de
él: ancianos que para llenar el gran tiempo libre de su jubilación alternan
entre las obras y, ahora que escasean, ir al médico a por tantas recetas que
podrían empapelar la Alhambra, o inmigrantes que, ahora que se quedan sin
trabajo, puesto que no tienen comida para llenar su estómago, suplen el vació
con píldoras y pastillas (da igual que se haya demostrado que los inmigrantes
van una media de un 12% menos al médico que los españoles). Pues bien ¿por qué
no habrían de pagar más los que más usan este servicio y menos los que menos lo
usan o los que directamente, no lo usan? Así pues la clave es evidente: el
copago.
Mi pregunta
es simple, ¿por qué "copago"? las deudas que contraen los
farmacéuticos para comprar medicamentos, al igual que la educación o la sanidad
(públicas) y las pensiones son costeadas con dinero del Estado, de las
autonomías o de los ayuntamientos, un dinero que no ha salido de los
gobernantes, sino de todos y cada uno de los bolsillos de los españoles por
medio de los impuestos, con lo que, cuando alguien compra un medicamento
(aparte de que es una parte muy reducida de la población la que no paga nada
por ellos al llevárselo) ya ha pagado por él con lo que no estaríamos hablando
de copago, si no de "repago", es decir, volver a pagar directamente
por lo que previamente se ha pagado de forma indirecta, por otro lado, en el
caso de los pensionistas, tras toda una vida cotizando y pagando los consecuentes
impuestos ese jubilado ya ha pagado más que lo suficiente al Estado como para
abastecerse de los medicamentos necesarios el resto de su vida.
Puede que el
copago farmacéutico pueda parecer algo pequeño, pero es un pequeño paso que
conduce a otros mayores: el copago sanitario, el copago en la educación y,
finalmente, la privatización de los servicios públicos y el cierre del Estado
del Bienestar.
No se trata
de no sacrificarse personalmente por el bien común, por el bien de las arcas
del Estado, si no de no dar un paso atrás en lo logrado durante siglos por la
sociedad española, en no retroceder una primera vez dando pie a más retrocesos
hasta acabar contra la pared. Se entró en esta crisis con un Estado del
Bienestar y unos derechos sociales y públicos, y se debe de salir de ella con
estos intactos sino, esa lucha, habrá sido inútil.
Porque los
medicamentos, la sanidad, la educación, las pensiones... no son un lujo, si no
un derecho, por ello no es que haya que pararles los pies, si no que hay que
mostrarles que no pueden moverlos, que no será a costa de lo público como se
recuperará lo privado, que no serán profesores a cambio de la salvación de los
bancos, que no serán camas de hospital a cambio de endeudamiento, que no serán
medicamentos a cambio de crecimiento económico: que no serán derechos a cambio
de recortes.
jueves, 3 de noviembre de 2011
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