Jaque a la democracia

Tras masacrar nuestra Salud y Educación,  tras obligar al cierre de plantas enteras de hospitales, tras obligar a nuestros mayores a (re)pagar por sus medicamentos... el PP ha dado hoy la mayor estocada a nuestro Estado del Bienestar y a los españoles en general. Con unas medidas que no voy a desgranar, pues todos las tenemos de sobras conocidas después de este día (subida del IVA e impuestos varios, eliminación de la deducción por vivienda, supresión de la paga extra de los funcionarios y reducción de los moscosos, recorte de las pensiones, un tajo de 600 millones en el presupuesto de los ministerios, un 20% menos de subvenciones a sindicatos y partidos políticos, desaparición de un 30% de los concejales...), el gobierno de Rajoy adelanta por la derecha los recortes llevados a cabo por el ejecutivo de Zapatero en mayo de 2010 y los deja bien atrás.
Tras meses de campaña, precampaña y "prepre- campaña" con el PP augurando que, tan solo con su llegada al poder, provocarían una ola de confianza que calmaría automáticamente a los mercados, hoy vemos como la prima de riesgo sigue desbocada (superando con creces el valor de los 500 puntos que antes se tenía por límite para evitar la hecatombe, llegando al máximo histórico de los 575 y sobrepasando con creces los 311 del último día de gobierno de Zapatero) y la bolsa 1.650 puntos por debajo del valor que tenía cuando Rajoy tomó las riendas del país; estos artificiales y virtuales valores han servido de excusa a este desgobierno, por enésima vez, para sacar la tijera a pasear de nuevo llevando a cabo los mayor recortes realizados en nuestra corta democracia. Pero esta vez no sólo no se ha limitado a seguir arremetiendo contra los pilares del Estado de Bienestar (pensiones y dependencia, pues sanidad y educación están ya de sobras esquilmadas... por el momento), o a subir un impuesto tan injusto como el IVA (que pagará del mismo modo alguien que cobre 1.000€ al mes, que alguien que cobre 100.000), sino que esta vez se han lanzado a la yugular de la misma democracia sirviéndose, como es natural en los "populares", de su extremo-populismo y del desapego que muchos ciudadanos sienten hacia los políticos y hacia los funcionarios. Además de reducir el número de liberados sindicales, de eliminar parte de los moscosos y de suprimir la paga extra de Navidad de los trabajadores públicos, el PP apunta directamente al mismo corazón de la democracia, a los legítimos representantes del pueblo español, mandando cortar la cabeza de un 30% de los concejales de todo el Estado.

Podrá haber muchos ciudadanos que, cegados por años y años de calumnias de la derecha vertidas sobre los funcionarios y del populismo barato de personajes como la "transversa" Rosa Díez o la neoliberal Esperanza Aguirre, vean adecuadas estas medidas: nada más lejos de la realidad. Acostumbrados a ver la figura del funcionario como el trabajador de oficina que, sin dar un palo al agua, tomándose tantos días libres como quiera, no pudiendo ser despedido (teniendo unas oposiciones, pues no sólo basta con ser funcionario) y disfrutando de un salario, en bastantes ocasiones, por encima de la media, las españolas y los españoles de derechas y (tristemente muchos de los de) izquierdas olvidan que los funcionarios no son tan solo aquellos que trabajan en oficinas (que, de todos modos, realizan su trabajo del mismo modo que el resto de funcionarios y de trabajadores del sector privado, mereciendo el mismo reconocimiento que aquellos), si no que también lo son militares y policías, médicos y enfermeros, profesores y bomberos... y, como digo, muchos aplaudirán esa reducción de los derechos de los trabajadores públicos olvidando que, la igualdad que ellos persiguen entre trabajadores del sector público y del privado, no se puede conseguir tan sólo con el empeoramiento de las circunstancias laborales de los primeros, si no que deberían de luchar porque esa igualdad, el que funcionarios y trabajadores privados trabajen en las mismas condiciones, llegara por medio de la mejora de las circunstancias laborales del resto; es decir, para que llegue esa igualdad no se debería de querer que empeorara el nivel adquisitivo o los beneficios de unos pocos, si no que mejoraran los de otros muchos. Esos deberían de ser siempre los objetivos de un trabajador, que ningún otro trabajador vea menguada la calidad de su trabajo, y que las condiciones laborales de todos los trabajadores vayan a mejor.
Del mismo modo, el PP se ha valido del cada vez mayor rechazo que la mal llamada clase política levanta entre la ciudadanía, para recortar de una vez por todas la democracia, la voz del pueblo y su representatividad. Con la eliminación de un 30% de los concejales actuales, de nuevo se verán perjudicados los partidos políticos minoritarios que verán aumentar las dificultades para mantener su representación en los diferentes ayuntamientos (de ahí que resulte tan incompresible que los de Rosa Diéz aplaudan con tanto ahínco esta medida, igual que hicieron ya en la Comunidad de Madrid), favoreciendo el (de nuevo) mal llamado bipartidismo; la diversidad parlamentaria se verá bruscamente diezmada y, lo que es más importante que nada, la voz y voluntad de los ciudadanos, plasmada en las urnas, se verá acallada, nada más y nada menos, que en un 30% de su capacidad. 
Tanto la derecha como la izquierda populistas suelen recurrir a la relación existente entre el número de médicos o profesores y el número de políticos entre países como Alemania o Francia y España, mostrando una clara desproporción, a favor del número de políticos, en nuestro país pero, al igual que en el caso de los funcionarios, nos olvidamos que, para igualar esa proporción con la de los países referentes no sólo se puede hacer por medio del recorte del número de políticos (y, como digo, de la representación y la diversidad ideológica del pueblo español), si no por el aumento del número de trabajadores públicos lo que, además ayudaría para mejorar la calidad de nuestra Sanidad y Educación, reduciendo los niveles de paro y, por ende, aumentando el consumo y mejorando, al fin y al cabo, nuestra economía. No se puede entender que, partidos políticos y personas que luchan por una reforma de la ley electoral que la haga completamente representativa y que favorezca la presencia de los partidos minoritarios, aplaudan esta reducción del número de representantes políticos.
La situación a la que el Partido Popular nos lleva poco a poco, día tras día ycuya marcha a dado un paso de gigante hoy, es insostenible. Nadie puede pensar ya, como se pensaba el 20 de noviembre, que, cuanto menos, el PP gobernaría durante los próximos 8 años, es incluso difícil de creer que sean capaces de acabar esta legislatura. Las diferentes mareas que están llenando de color la geografía española (marea verde, negra, amarilla, naranja...), están acabando de despertar a la todavía adormecida ciudadanía; en los centros educativos, cientos de miles, e incluso millones de profesores, padres, madres y alumnos llevan a cabo semana tras semana (hasta el paro por vacaciones pero, indudablemente, se reanudarán en septiembre) manifestaciones contrarias a los recortes, e incluso encierros en institutos y facultades, las asociaciones de médicos se muestran objetoras ante medidas tan terribles como la desatención a inmigrantes, las enfermeras y los enfermeros salen a la calle a luchar por sus derechos, los mineros recorren España para protestar ante las puertas del gobierno... la ciudadanía al completo se levanta un poco más cada día con este injusto gobierno y sus desproporcionadas e inhumanas medidas. 
No hace falta ser un extremista para pensar y decir en voz alta que, lo único que puede salvar a este país, no son ni mucho menos la clase de medidas que se están tomando desde Moncloa, si no una revolución prodemocrática y (por supuesto) no violenta que termine de mostrar al gobierno que ni ellos ni ningún otro gobierno fueron o serán elegidos para contentar a los mercados, a Merkel y a la economía, que no fueron escogidos para mantener la prima cuanto más baja y la bolsa cuanto más alta posible, si no que lo que este y todos los países y ciudadanos quieren es un gobierno del pueblo, elegido por el pueblo y que trabaje para el pueblo. Es hora de que la ciudadanía, de que las españolas y los españoles se levanten de una vez por todas y le digan al gobierno que, o gobiernan para las personas y no para la economía, o se preocupan más por si llegan alimentos y recursos básicos suficientes a todos los hogares y menos del PIB y la inflación, o atienden a los millones de voces de los españoles que están sufriendo realmente esta crisis y dejan de arrodillarse ante cualquier voz venida desde Bruselas, desde Berlín, desde el FMI y desde el BM, o no tienen ninguna autoridad para creerse el legítimo gobierno y representante del pueblo español. Este pueblo tiene que acabar de levantarse y demostrar como, la misma mano que hoy se ve obligada a pedir limosna de rodillas, es capaz de cerrarse alrededor del cuello de un gobierno opresor y brutal. Si este gobierno no esta dispuesto a luchar por el bien de las españolas y los españoles, éstos deben de expulsar de sus poltronas a los miembros de este gobierno y escoger a uno nuevo que realmente le represente. Este gobierno y su modelo extremo-capitalista y neoliberal fracasaron el día en el que este país fue rescatado e intervenido sin que los tremendos recortes llevados a cabo en el Bienestar y los derechos de los españoles sirvieran de nada, es hora de dejar paso a un nuevo modelo, es hora de seguir el camino que lleva a París.